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La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, el sindicato mayoritario en el sector de la estiba en España, defendió ayer una reforma legislativa para esta actividad que garantice el mantenimiento del empleo y, a la vez, case con las estipulaciones de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que tumbó el modelo nacional hace ahora año y medio. El sindicato celebra hasta hoy en Gijón su cuadragésima asamblea confederal.

En ella, y durante su turno para repasar el estado del sector, el secretario general de Coordinadora, Antolín Goya, conminó al Gobierno resultante de las próximas elecciones generales del 26 de junio a legislar conforme al principio de acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la patronal (Anave) en julio del año pasado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en diciembre de 2014 que el modelo nacional de la estiba incumple el principio europeo de libertad de establecimiento dado que impone a las empresas la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y, en su caso, participar en el capital de ésta; y también la obligación de contratar con carácter prioritario a trabajadores de la Sagep y a un mínimo de tales empleados sobre una base permanente.

Coordinadora y Anave alcanzaron hace ahora casi un año un principio de acuerdo para negociar los cambios con el Gobierno, si bien la situación quedó en suspenso con la convocatoria de las elecciones de diciembre y la situación de provisionalidad en la que se encuentra el Ejecutivo. La propuesta, según recordaron a Europa Sur desde Coordinadora, contemplaba tres puntos técnicos con los que la central consideraría ejecutada la sentencia y que hoy prevén ratificar los más de 200 delegados reunidos en representación de más del 80% de los estibadores españoles.

El preacuerdo consideraba irrenunciable la estabilidad en el empleo de los trabajadores del sector y, por otro lado, preconizaba que el cambio normativo se basara necesariamente en soluciones cuyo resultado final no penalizara a los actuales operadores frente a los nuevos, ya que de lo contrario se producirían situaciones de desigualdad, a juicio de la mesa negociadora.

Source: Europa Sur

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